Este movimiento de representantes locales, que comenzó en 2008, ya cuenta con 10.174 adhesiones, procedentes de 60 países, que representan a 321.265.908 personas.
Los alcaldes y alcaldesas europeos piden a la Comisión Europea (CE) que proponga objetivos concretos de reducción de la pobreza energética para 2030 y su erradicación para 2050.
Alrededor del 11% de la población de la Unión Europea (UE) -54 millones de personas- sufre los efectos de la pobreza energética -y son cifras que baraja la CE de junio de 2015-. Aun con estas cantidades, la mayoría de los Estados miembros de la Unión no identifica ni cuantifica a los consumidores de energía más vulnerables, ni adopta medidas específicas relacionadas con la pobreza energética.
El Pacto de las Alcaldías para el Clima y la Energía, al que Getafe se adhirió en el año 2014, define la pobreza energética como “una situación en la que un hogar o una persona no puede permitirse los servicios energéticos básicos (calefacción, refrigeración, iluminación, movilidad y electricidad) que garantizan un nivel de vida digno, debido a una combinación de bajos ingresos, altos costes energéticos y una escasa eficiencia energética de su vivienda”.
Para este movimiento de representantes locales, que comenzó en 2008, y ya cuenta con 10.174 adhesiones de autoridades locales, procedentes de 60 países, que representan a 321.265.908 personas, la cuestión de la pobreza energética se ha convertido en su tercer pilar –junto con el clima y la energía-, actuando como motor para resolver esta problemática y mantenerla en las agendas municipales como prioritaria.
Las personas firmantes del Pacto comparten una visión común para 2050: acelerar la descarbonización de sus territorios, fortalecer su capacidad para adaptarse a los impactos ineludibles del cambio climático y conseguir que sus ciudadanos disfruten de acceso a una energía segura, sostenible y asequible. Y ahora, también solicitan a la CE que proponga objetivos concretos de reducción de la pobreza energética para 2030 y de su erradicación para 2050.
Consecuencias adversas para la salud y el bienestar
Según indica la propia Comisión, la pobreza energética es una forma distinta de pobreza que va asociada a una serie de consecuencias adversas para la salud y el bienestar de las personas: enfermedades respiratorias y cardíacas y trastornos de salud mental, exacerbados por las bajas temperaturas y el estrés derivado por la imposibilidad de hacer frente a las facturas de energía, así como un bajo rendimiento escolar entre los niños que la padecen. De hecho, la pobreza energética tiene efectos indirectos sobre muchos ámbitos políticos, incluidos la salud, el medio ambiente y la productividad. Abordar la pobreza energética puede reportar múltiples beneficios, por ejemplo, menos gasto sanitario de los gobiernos, reducción de la contaminación del aire y de las emisiones de CO2, mayor comodidad y bienestar, mejora del presupuesto familiar y aumento de la actividad económica.
Como parte del paquete de medidas «Energía limpia para todos los europeos», la Comisión Europea ha propuesto una serie de actuaciones para hacer frente a la pobreza energética mediante la eficiencia energética, la protección respecto a la interrupción del suministro y la mejora de la definición y el seguimiento del problema a nivel de los Estados miembros mediante los planes nacionales integrados de energía y clima. En consecuencia, el marco legislativo de la UE sobre la pobreza energética está experimentando diversos cambios. La pobreza energética se menciona en la nueva Directiva relativa a la eficiencia energética (2018/2002), la nueva Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios (2018/844) y el Reglamento sobre la gobernanza (2018/1999). También la Directiva sobre electricidad (2009/72) hace referencia a la pobreza energética y su versión revisada es el resultado de un acuerdo político alcanzado en diciembre de 2018.
De acuerdo con el Observatorio de la Pobreza Energética de la UE, los principales indicadores para identificar la pobreza energética son un “bajo gasto en energía, atrasos en el pago de las facturas de servicios, una elevada parte de la renta disponible dedicada al gasto energético y la incapacidad de calentar correctamente la vivienda”.
