El número de olas de calor registradas en España durante la última década se ha doblado con respecto al período 1980-2010. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), esta tendencia ha venido acompañada de un aumento en el número promedio de días en los que se dan temperaturas extremas durante el año. Y las previsiones indican que, a lo largo del siglo XXI, estos fenómenos extremos se harán cada vez más frecuentes e intensos como consecuencia del cambio climático.
En el verano de 2021, y especialmente durante la ola de calor Lucifer del pasado mes de agosto, se batieron numerosos récords de temperaturas máximas mínimas, sobre todo en zonas del sur peninsular. La estación meteorológica de AEMET en Getafe, la ciudad donde se lleva a cabo el proyecto EPIU Getafe Hogares Saludables, registró el pasado 14 de agosto una máxima de casi 43º C.
Estas condiciones, que en entornos urbanos se ven agravadas por el efecto isla de calor, amenazan el bienestar y la salud de la población vulnerable. Investigadores del Instituto de Salud Carlos III calculan que las olas de calor son las causantes de 1.300 muertes al año en España, sobre todo entre personas de edad avanzada con enfermedades de base. Preocupan especialmente los casos de hogares afectados por pobreza energética que no disponen en su vivienda de un sistema de aire acondicionado; o teniéndolo, no pueden utilizarlo por miedo a facturas elevadas. Según datos del Observatorio de Pobreza Energética de la Unión Europea (EPOV), en torno al 25 % de la población española no puede mantener un nivel adecuado de confort térmico en su vivienda durante el verano.
Verano de 2021: temperaturas extremas y escalada de precios
Las altas temperaturas alcanzadas durante el verano de 2021 han ido de la mano de una escalada sin precedentes del precio de la electricidad en el mercado mayorista, que también ha batido récords de forma repetida hasta alcanzar valores por encima de los 140 €/MWh. A estas circunstancias se enfrentan familias vulnerables para quienes un aparato de aire acondicionado está fuera de su alcance y que también se resisten a utilizar sistemas económicos como ventiladores portátiles por miedo a que se disparen las facturas. Muchos de éstos son, además, hogares que no pueden permitirse salir de vacaciones.
La subida del precio de la luz no ha sido la única que está afectando a las familias. La cifra de inflación interanual del 3,3 %, registrada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en agosto de 2021 -la más elevada en casi una década-, señala a los productos energéticos como uno de los principales responsables del aumento del índice de precios al consumo, lo que está teniendo un impacto sobre las economías domésticas. Para los hogares que han perdido el empleo o han visto afectados sus ingresos por la de crisis económica derivada de pandemia, esta situación se traduce en un empeoramiento de sus condiciones materiales de vida, como, por ejemplo, en una menor capacidad para mantener su vivienda a una temperatura adecuada. También es causa de retrasos en el pago de las facturas de la vivienda que puede derivar en incapacidad de hacer frente al pago de otros suministros básicos necesarios para mantener una vida digna.
Pandemia y pobreza energética
Los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del INE reflejan un aumento inédito y significativo en el número de personas que sufren carencia material severa entre 2019 y 2020. El efecto de la pandemia es muy claro en el porcentaje de población que no puede permitirse comer carne o pescado al menos cada dos días, o con retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal, como se puede observar en la siguiente gráfica del Instituto Nacional de Estadística.
Los indicadores de pobreza energética recogidos en la ECV de 2020 evidencian con claridad el impacto de la pandemia en las condiciones materiales de vida de los segmentos de población más desfavorecida y rompen la tendencia a la baja en las cifras de incidencia que se observaba desde 2014. El año 2020 terminó de hecho con el peor registro del indicador de retraso en el pago de gastos de la vivienda desde que hay datos (2004).
El informe Rehabilitación Energética de Viviendas: cómo mejorar la calidad de vida y combatir el cambio climático publicado por WWF en 2017, advierte sobre la falta de adecuación del parque residencial de España, sobre todo en entornos urbanos, para cumplir con los estándares de confort térmico actual y futuro. Señala también el progresivo envejecimiento de la sociedad española como un factor de vulnerabilidad a medio y largo plazo, dada la mayor morbilidad estructural y menor capacidad de adaptación a nuevas condiciones climáticas de las personas mayores. Según este estudio, un 75 % de los 18 millones de las consideradas primeras viviendas en España, no cumplen con las regulaciones actuales de eficiencia energética y tienen unos niveles de habitabilidad muy por debajo de los estándares de confort térmico de hoy en día.
El Gobierno aprobó el pasado 3 de agosto el Real Decreto-ley 16/2021 (el denominado “escudo social”), con el que se prorroga la prohibición de los desahucios y el corte de suministros de hogares vulnerables hasta el 31 de octubre de 2021. Previamente, el Consejo de Ministros había aprobado una rebaja transitoria del IVA de la electricidad del 21 % al 10 % para todos los contratos de suministro con potencias inferiores a 10 kW y la supresión temporal del impuesto de generación eléctrica. Se estima, sin embargo, que las subidas de precios ocurridas durante el verano en el mercado mayorista han anulado en la práctica el efecto de la reducción del IVA sobre la factura de los hogares. Son múltiples los problemas de diseño del mercado eléctrico actual que, como señala Natalia Fabra, catedrática de economía de la Universidad Carlos III de Madrid, “no proporciona ni equidad ni eficiencia, y amenaza con obstaculizar la transición energética”.
La respuesta del proyecto EPIU
La pobreza energética aparece como tema recurrente en los medios de comunicación durante los meses más fríos del año, cuando la bajada de las temperaturas pone en aprietos a familias en dificultades económicas que no pueden hacer frente fácilmente al gasto que suponen las facturas eléctricas y térmicas. A medida que se hacen patentes los efectos del cambio climático, se hace cada vez más necesario prestar atención a la pobreza energética de los meses de verano y a las condiciones de vida de familias que viven en edificaciones mal aisladas y con baja eficiencia energética.
Estos hogares no siempre disponen de sistemas de climatización interior ni pueden permitirse mantener unas condiciones adecuadas de confort térmico interior en las semanas más cálidas del año. Dentro del marco del proyecto EPIU Getafe Hogares Saludables, que lidera el Ayuntamiento de Getafe y cuyo propósito es identificar y reducir la pobreza energética, se está abordando esta problemática a través de la rehabilitación energética de viviendas y de la puesta en funcionamiento de Oficinas de Hogares Saludables, de puntos de información habilitados en los centros cívicos de los barrios de Las Margaritas y la Alhóndiga-Fátima. Estos puntos, que están siendo gestionados por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), permitirán más adelante extender el servicio de asistencia a hogares vulnerables del resto del municipio.
Desde el pasado mes de junio, los Puntos de Información de Hogares Saludables (PI-OHS) de EPIU están informando a los vecindarios de Las Margaritas y la Alhóndiga-Fátima sobre cómo interpretar y reducir la factura eléctrica, sobre las distintas líneas de ayudas a la rehabilitación y las ayudas económicas directas anunciadas por el Ayuntamiento de Getafe. El personal de ACA para EPIU Getafe Hogares Saludables está también ayudando a tramitar el bono social, negociando con las comercializadoras el fraccionamiento del pago de las deudas contraídas y, a la vez, ofreciendo consejos sobre cómo reducir el consumo y desarrollar hábitos de ahorro.
Los Puntos de Información de Hogares Saludables (PI-OHS) son una de las primeras medidas puestas en funcionamiento por EPIU y ACA en Getafe y forman parte de un conjunto de medidas que se desarrollarán a escala barrios, edificios y viviendas durante los dos próximos años.
Autores: Yolanda Picazo Ramírez, coordinadora del Área de Energía de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) y Sergio Tirado Herrero, coordinador de Estudios de Pobreza Energética de la ACA e investigador de ICTA-UAB.
