Desde el pasado mes de junio los precios de la electricidad han experimentado una subida sin precedentes. Para tratar de amortiguar el impacto de estos precios, especialmente en los hogares más vulnerables, recientemente, se han aprobado diferentes medidas desde el Gobierno central, que complementan las recogidas en Real Decreto ley, del 31 de marzo de 2020, más conocido como “escudo social”, aprobado con motivo de la crisis social y económica desatada por la Covid-19, y que ha aprobando su renovación en dos ocasiones, la última el pasado 26 de octubre en Consejo de Ministros.
Medidas para amortiguar los precios de la electricidad
El pasado 24 de junio, se aprobó el Real Decreto-ley 12/2021, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua.
Aun así, el pasado 14 de septiembre se aprobó el Real Decreto-ley 17/2021, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad.
Las últimas medidas son las introducidas en el Real Decreto-ley aprobado en Consejo de Ministros el pasado 26 de octubre y están dirigidas a reducir en un 22 % de media en la factura final de la electricidad. El objetivo es lograr que el coste de la electricidad doméstica sea para las personas consumidoras -en especial para las más vulnerables-, similar al del año 2018.
¿De qué medidas hablamos?
Vamos a intentar simplificar entre las diferentes medidas que han ido entrado en vigor en los últimos meses (desde junio hasta octubre de 2021) para hacer frente a la subida de precio de la electricidad, entre ellas podemos destacar:
Reducción de impuestos
Se han tomado medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética, como la reducción del IVA, que baja del 21 al 10 %, y la eliminación del 7 % del Impuesto de Producción Eléctrica, medidas que se extenderán al menos hasta el 31 de diciembre de este año; así como el Impuesto Especial a la Electricidad, que también se ha visto reducido al tipo mínimo permitido por la Unión Europea (UE), del 5,1 % al 0,5 %.
Aumento del descuento en el bono social eléctrico
Los hogares que en la actualidad son beneficiarios del bono social eléctrico verán que el porcentaje del descuento sobre la electricidad consumida para los consumidores vulnerables aumentará del 25 al 60 % (consumidores vulnerables) y del 40 al 70 %, en el caso de los hogares considerados vulnerables severos. Este incremento se ha aprobado con carácter temporal y estará vigente hasta el 31 de marzo de 2022.
Aumento en las cantidades destinadas para el bono social térmico
El bono social térmico es una ayuda que perciben todas las personas beneficiarias del bono social eléctrico en forma de un ingreso automático de entre 25 euros, para personas vulnerables, a 125 euros, para personas vulnerables severas.
A partir de diciembre de este año, los hogares beneficiarios del bono social térmico percibirán automáticamente un pago adicional de 90 euros por familia para cubrir sus necesidades de calefacción y otros usos térmicos. Para ello, se ha aprobado duplicar la dotación presupuestaria de esta ayuda durante 2021, alcanzando los 202,5 millones de euros, que serán transferidos a las diferentes comunidades autónomas para su gestión.
Aprobación de un suministro mínimo vital
Unas de las novedades introducidas entre estas medidas ha sido la aprobación de un suministro mínimo vital (SMV) como instrumento de protección social, para garantizar unas condiciones mínimas de confort a los consumidores acogidos al bono social.
Así, transcurridos cuatro meses desde la notificación del primer requerimiento de pago, la comercializadora solicitará la aplicación del SMV, que estará seis meses en vigor durante los cuales el suministro no podrá ser interrumpido. Transcurridos estos seis meses, la comercializadora podrá solicitar la suspensión de suministro.
¿Qué requisitos debemos cumplir para solicitar el SMV?
- Tener contratado el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), la tarifa regulada en la que se encuentran 11 millones de hogares. Si aún no lo tienes, puedes elegir entre las distintas comercializadoras de referencia acogidas a PVPC.
- Ser consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión.
- El suministro tendrá que mantener un mínimo de 3,5 kW de potencia, aunque haya impagos; en caso de que tengas contratada una potencia superior y recibas esta ayuda, se rebajará la potencia.
¿Cómo podemos solicitarlo?
Si ya sois uno de los hogares beneficiarios del bono social eléctrico, podéis contactar, a partir de diciembre de 2021, con la comercializadora de referencia con la que actualmente tenéis el contrato.
Otras medidas contempladas con anterioridad, aún en vigor
Está en vigor aún el Real Decreto, denominado «escudo social», hasta 2022, después de verse aprobada la segunda prórroga en agosto de este año. El Gobierno justifica la prórroga hasta 2022 por razones de urgencia, y por considerar que continúan presentes los efectos de la Covid-19 y que la recuperación social y económica se está llevando a cabo de manera progresiva. La primera vez que se aprobaron estas medidas fue el 31 de marzo de 2020, con motivo de la crisis social y económica desatada por la pandemia, y se ha ido aprobando su renovación: la última renovación fue el pasado 26 de octubre en Consejo de Ministros.
Eso significa que se mantiene la prohibición de cortar suministros básicos de agua, electricidad y gas natural. También permanece la categoría de consumidor vulnerable para prorrogar el bono social hasta el 28 de febrero de 2022.
La suspensión temporal de desahucios seguirá vigente también, así como la prórroga extraordinaria del plazo del contrato de alquiler por un máximo de seis meses. También cabe la posibilidad de que los inquilinos que se encuentren en situación de vulnerabilidad pueden solicitar la moratoria o condonación de la deuda, si el propietario es una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor (persona física con más de diez viviendas).
En el Real Decreto Ley 11/2020, se vuelve a incluir como consideración de servicios esenciales, los que se dedican a la asistencia de víctimas de violencia de género hasta que finalice febrero de 2022.
Autora: Yolanda Picazo Ramírez, coordinadora de Proyectos del Área de Energía de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA).
